Lizeth M. Garcia Rios[1]
Los desastres naturales y la inestabilidad política han marcado la vida de miles de personas haitianas que se han visto obligados a abandonar su país hacia América latina, en búsqueda de seguridad, acceso a los derechos básicos y estabilidad.
De enero a diciembre de 2021, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) ha recibido 131 mil 448 solicitudes de asilo, de las cuales, 51 mil 827 se trata de personas con nacionalidad haitiana[2], quienes se acompañan de sus hijos de nacionalidades chilena y brasileña, como resultado de múltiples movimientos migratorios previos que les han llevado a otros países, después de eventos desestabilizadores en su país de origen.
La saturación de la Frontera Sur y las medidas tomadas por el Gobierno Mexicano para contener la migración, tienen a las personas migrantes acorraladas. Entre estas medidas esta la militarización, la reactivación del Protocolo de Protección a Migrantes (MPP) y la detención.
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (en adelante COMAR) se ha visto afectada por la pandemia, pues mantiene una suspensión de términos y plazos desde de abril de 2020, lo que se traduce en atender de forma muy lenta las solicitudes nuevas y otorgar constancias de trámite, pero no resolver casos, a menos de que se trate de personas en situaciones de vulnerabilidad extrema. En consecuencia, las posibilidades de obtener una respuesta sobre su caso, es mínima y la posibilidad de obtener un permiso para continuar el proceso de asilo en otro Estado de la Republica es nula. El acceso al idioma es esencial para garantizar el debido proceso de las personas haitianas en materia de asilo, pues la mayoría se comunican en creole y francés.
Por su parte, el Instituto Nacional de Migración ha implementado un sistema de citas de difícil acceso por su alta complejidad, pues no todas las personas saben operar equipos de cómputo, o tienen acceso a ellos, lo que se ha prestado para lucrar con el trámite. Además, las personas deben esperar entre tres y cuatro meses para obtener una cita y solamente ingresar los documentos para solicitar la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, paso previo al reconocimiento de la condición de refugiado.
Las pocas posibilidades de obtener un empleo, acceder a la salud, vivienda digna y educación mientras esperan, generó que las personas solicitantes de asilo en Tapachula se organizaran para salir en Caravana hasta la Ciudad de México.
Se estima que alrededor de 2 mil personas haitianas que viajaban en caravana, arribaron a la Ciudad de México en julio del año pasado. Dichas personas se acercaron a la COMAR a solicitar la reapertura de su trámite. La COMAR los recibió y canalizó a albergues de la Sociedad Civil, al no existir la estructura gubernamental para atender las necesidades de la población.
De julio a la fecha, las personas siguen en espera de su constancia de trámite, documento que les permitirá acceder a la regularización migratoria, lo que les facilitaría empleo y libre tránsito por el país. La espera, es una forma de desalentar a la población haitiana para que no continúen con su proceso de asilo, intenten transitar por México sin documentos de regular estancia, sean detenidos y posteriormente deportados.
Andrés Ramírez, titular de la COMAR, ha manifestado en distintos foros que las personas haitianas no son refugiadas, pues al tener hijos brasileños y chilenos, contaban con la protección efectiva de esos países, lo que los excluye de solicitar asilo en México. Dichas declaraciones son graves y lamentables, pues con fundamento en la Ley sobre Refugiados Protección Complementaria y Asilo Político, la COMAR está obligada a hacer un análisis individualizado de los casos, respecto a la protección efectiva que esos países les brindaba.
Para poder analizar protección efectiva a las familias haitianas, se requieren oficiales de protección capacitados capaces de reconocer los diversos factores que obligan a las personas a dejar su país, interpretes al creole, conocimiento de la Ley sobre Refugiados Protección Complementaria y Asilo Político, empatía y sensibilidad. Claramente, la COMAR necesita más presupuesto para cada una de sus sedes, más personal, además de políticas públicas diseñadas para luchar contra la discriminación y violencia hacia la población migrante y solicitantes de asilo.
Todas las personas migrantes pueden solicitar la condición de refugiado, y en caso de obtenerla, el gobierno mexicano tiene la obligación de respetar sus derechos a recibir la protección y el apoyo necesario en el ámbito social, legal o psicológico. Desde el ámbito gubernamental, el Instituto de la Defensoría Pública brinda orientación legal a las personas solicitantes de asilo, además, existe un amplio directorio de organizaciones religiosas y de la sociedad civil en la República Mexicana que además de brindar asesoría legal, proporciona acompañamiento psicológico y programas de integración a las personas solicitantes de asilo de forma gratuita.
[1]Abogada. Diplomada en Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la UNAM y Derecho Internacional por la OEA. Trabajó en la oficina de frontera del Servicio Jesuita a Refugiados. Coordinadora de paralegales en siete albergues de México para la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Personas Migrantes. Actualmente abogada de asilo y estudiante de la Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México. [2] La COMAR en números, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en línea: Estadística COMAR | Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) el 28 de enero de 2021.
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