Desde hace más de dos décadas, se conmemora el 18 de diciembre el día internacional del migrante. La intención de este recordatorio es brindar atención y protección a los derechos humanos de las personas migrantes. En 2020, la población migrante —es decir, toda persona que residiese fuera de su país natal— constituía 3.6% de la población mundial[1], cifra que no necesariamente incluye a quienes migran dentro de sus propios países. A partir de 2020, la pandemia de COVID-19 produjo una restricción a la movilidad en varias regiones del mundo, lo cual, a pesar de las secuelas que se han manifestado, está comenzando a diluirse.
El año 2022 incluyó episodios novedosos en la migración internacional, como la realidad a la que se enfrentó la población ucraniana desde febrero de este año, cuando Rusia impulsó una operación militar en el territorio de su país, obligándoles a desplazarse y solicitar asilo más allá de sus fronteras. Hasta diciembre de 2022, se calcula que hay, solamente en el continente europeo, 7.8 millones de refugiados ucranianos[2].
Sin embargo, el año 2022 también presentó continuidades en varias tendencias de los patrones migratorios a nivel mundial. Por ejemplo, grandes comunidades de centroamericanos y venezolanos se vieron forzados a salir de su país a causa de condiciones políticas y económicas insostenibles, que llevan fraguándose por varios años. Este texto busca sintetizar las actualizaciones más relevantes sobre los patrones migratorios de emigrantes venezolanos, así como de las medidas que se han implementado para atender sus solicitudes de asilo en México y Estados Unidos en la segunda mitad de este año.
El 12 de octubre de este año, los gobiernos de México y Estados Unidos entablaron un acuerdo en lo relativo a la migración de personas venezolanas. El acuerdo incluye la emisión de 65 mil visas para trabajadores temporales no agrícolas de origen mexicano, centroamericano y haitiano; así como 24 mil visas humanitarias temporales para nacionales de Venezuela[3]. Esta nueva medida responde al aumento considerable de personas venezolanas en tránsito por México que buscan solicitar asilo en Estados Unidos durante los últimos meses. No obstantes los más recientes avances en materia de migración y asilo, las elecciones intermedias de noviembre no prometen grandes cambios para la atención a las comunidades de venezolanos que solicitan asilo en Estados Unidos.
A pesar de que el panorama político y las condiciones económicas de la población en Venezuela vienen deteriorándose desde la década pasada, relativamente pocos de quienes salían del país se dirigían hacia Estados Unidos. Esto se debe a que la mayoría de los venezolanos se trasladaron a países vecinos de América Latina y el Caribe: Colombia, por ejemplo, es hogar de casi 2.5 millones de venezolanos que han salido de su país en la última década; mientras que los países de la región —en su conjunto— albergan a casi 6 millones de refugiados[4]. La integración de estas personas ha puesto en evidencia la debilidad institucional de estos países, que tienen problemas para garantizar y promover el bienestar de quienes solicitan asilo. Esto ha conducido, recientemente, a que más venezolanos opten por desplazarse a Estados Unidos, a pesar de la considerable distancia y de los peligros que supone la ruta.
Hasta febrero de 2021, el promedio de venezolanos detenidos por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en los cuatro estados fronterizos no superaba la cifra de mil personas al mes. Además, muy pocas de estas detenciones se convertían en expulsiones porque Estados Unidos no suele devolver personas a países con los que no tiene una buena relación bilateral; como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de 2022, se dispararon las detenciones a venezolanos a cerca de 13,000 en junio y más de 33, 000 en septiembre[5]. Ante esta situación, Estados Unidos ha conservado su postura de no devolución a Venezuela. Lo que es novedoso es que México se ha convertido en un país de tránsito y destino para esta población.
Hay varios problemas con las medidas del 12 de octubre. En primer lugar, las 24,000 visas humanitarias sólo son accesibles para personas en Venezuela que cuenten con un pasaporte y que se trasladen a Estados Unidos por la vía aérea[6]. Aunque se trata de un buen incentivo para evitar que las personas se adentren a rutas peligrosas por la vía terrestre, esta regulación descarta al grueso de la población venezolana que no tiene documentos de viaje —ya sea por obstrucción del gobierno para concederlos, o por los costos elevados que implica obtenerlos—. En segundo lugar, las solicitudes de asilo de las personas venezolanas deben ir acompañadas del patrocinio de un ‘promotor’ en Estados Unidos, lo cual impide el acceso a las visas humanitarias a personas sin acceso a éste requisito.
Por último, no está muy claro qué pasará con las personas que ya estaban en tránsito antes de la publicación de estas nuevas medidas. Para esta población, el panorama es poco prometedor. Aunque el gobierno mexicano ha ofrecido otorgar estatus bajo la condición de refugiado a las personas que no cruzaron la frontera con Estados Unidos antes del 12 de octubre[7], tomar esta decisión supone abandonar la esperanza de continuar el viaje hacia el norte, ya que el gobierno estadounidense restringe la concesión de las visas humanitarias para quienes gozan de este tipo de protección en otros países. Puesto que la permanencia en México, se condiciona a que tengan una forma de regularización migratoria o a solicitar asilo, la única alternativa para quedarse en el país es hacerlo de forma irregular, es decir, sin un documento de estancia regular. Aún si bien ello implique permanecer en una situación de marcada vulnerabilidad, con la esperanza de ingresar eventualmente a Estados Unidos; sin certidumbre de que eso realmente suceda.
A grandes rasgos, las elecciones intermedias que se celebraron el pasado 8 de noviembre en Estados Unidos permiten identificar algunas continuidades y cambios en la gestión migratoria. Se requeriría un impulso bipartidista en el Congreso para aprobar cualquier reforma de gran calado en materia de migración, asilo o ciudadanía. Y, a pesar de que los demócratas aseguraron el control del Senado, perdieron la mayoría en la Cámara de Representantes; lo cual abre un espacio para el bloqueo de iniciativas de ley aún mayor al que se habría tenido en los primeros dos años de la administración de Biden —cuando el Partido Demócrata disfrutaba de la mayoría en ambas cámaras—. Ante la ausencia de consensos en el Congreso, no hay señales para esperar grandes cambios desde el poder legislativo.
Por su parte, los gobernadores de los estados tienen facultades promover acciones legislativas y judiciales para frenar directivas presidenciales, por lo que las elecciones locales son relevantes para la población migrante; particularmente en los estados fronterizos. Por un lado, la victoria de la demócrata Katie Hobbs —quien se alejó del tema de la migración en campaña— para la gubernatura en Arizona logró revertir una larga tendencia republicana en este estado. Por el otro, el gobernador republicano Greg Abbott —quien cobró fama en los últimos meses por enviar migrantes a la capital y a estados predominantemente demócratas en autobuses como método de protesta frente la política fronteriza de Joe Biden— logró reelegirse en Texas con un margen cómodo sobre su adversario; por lo que es de esperarse una postura más confrontativa con el gobierno federal y un paulatino endurecimiento de medidas antiinmigrantes en este estado.
Finalmente, los logros y los motivos de esperanza tienen más que ver con avances en el sistema judicial, que con los resultados de las elecciones intermedias. El pasado 16 de noviembre, un juez federal suspendió la puesta en práctica del Título 42, una normativa de salud pública que, en el marco de la pandemia de COVID-19, sirvió de justificación para efectuar millones de expulsiones expeditas a solicitantes de refugio en Estados Unidos, obligándoles a esperar la resolución de su estatus migratorio en territorio mexicano. La población venezolana no había sido particularmente objeto de expulsiones bajo este programa sino hasta el último par de meses, cuando comenzaron a elevarse las cifras de detenciones. A pesar de que la suspensión del Título 42 tardará un par de meses en efectuarse, sin duda se trata de un avance que beneficia a la población migrante, en general; y a los venezolanos solicitantes de asilo, en particular.
En suma, para los venezolanos que no han salido de su país y tienen la posibilidad de solicitar una de las 24,000 visas humanitarias en Estados Unidos, se trata de buenas noticias, puesto que no tendrán que emprender el peligroso viaje por la vía terrestre. Para los venezolanos que estaban ya en tránsito antes de la publicación del acuerdo del 12 de octubre y que no cruzaron la frontera con Estados Unidos antes de esa fecha, el futuro es incierto y, para muchos, sombrío. Solicitar la condición de refugiado en México implica considerar la opción de no poder hacerlo eventualmente en Estados Unidos. En última instancia, esta población —como muchas otras en situación de movilidad— se encuentra sujeta a un limbo de medidas provisionales a la deriva de voluntades e intereses políticos.
Pedro Rubio Cordero,
Estudiante de relaciones internacionales, El Colegio de México
[1] En comparación con la cifra de 2.8% en el año 2000, cuando se proclamó la conmemoración del día internacional del migrante; véase Marie McAuliffe, Taehoon Lee y Guy Abel, “Migración y migrantes: panorama mundial”, Informe sobre las migraciones en el mundo, 2022 (Ginebra: OIM, 2022). [2] United Nations High Commissioner for Refugees, “Ukraine Refugee Situation”, Operational Data Portal, 6 de diciembre de 2022. Disponible en https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine [3] Secretaría de Relaciones Exteriores, “México coordina con EE.UU. nuevo enfoque para una migración ordenada, segura, regular y humana en la región”, 12 de octubre de 2022. Disponible en https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-coordina-con-ee-uu-nuevo-enfoque-para-una-migracion-ordenada-segura-regular-y-humana-en-la-region [4] Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, “Refugiados y Migrantes Venezolanos en la región”, 16 de noviembre de 2022. Disponible en https://www.r4v.info/es/document/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-la-region-nov-2022-0 [5] U.S. Customs and Border Protection, “CBP Nationwide Encounters Statistics”, última modificación: 14 de noviembre de 2022. Disponible en https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-encounters [6] Department of Homeland Security, “DHS Announces New Migration Enforcement Process for Venezuelans”, 12 de octubre de 2022. Disponible en https://www.dhs.gov/news/2022/10/12/dhs-announces-new-migration-enforcement-process-venezuelans [7] Secretaría de Relaciones Exteriores, “Gobierno de México y organismos internacionales acuerdan grupo de acción humanitaria para personas venezolanas”, 23 de octubre de 2022. Disponible en https://www.gob.mx/sre/prensa/gobierno-de-mexico-y-organismos-internacionales-acuerdan-grupo-de-accion-humanitaria-para-personas-venezolanas?state=draft
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